Fernando Grande-Marlaska siempre ha sido un juez más cercano a la derecha. De hecho, en 2013 fue designado a propuesta del PP vocal del Consejo General del Poder Judicial.

El pasado 25 de mayo el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska cesó de manera fulminante al coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil. La propuesta oficial de destitución realizada por la directora de la Guardia Civil, María Gámez, a la que tuvo acceso Elconfidencial.com, señala que el exjefe de la Comandancia de Madrid fue cesado por no informar de las investigaciones que estaba llevando a cabo en torno a las manifestaciones del 8 de marzo y por la consiguiente falta de confianza que conlleva esta acción.

Sin embargo, desde el departamento que dirige Grande-Marlaska habían señalado que ese cese es debido a una «política razonable y normal de reconstrucción de nuevos equipos» negando que estuviera vinculado con la investigación judicial del 8-M.El domingo se filtraba a algunos medios de comunicación la nota interna de la Guardia Civil firmada por María Gámez, que dice precisamente lo que Interior mantenía que no había pasado.

Se trata de la última gran polémica de Marlaska, que no la única, de un juez que pocas personas de izquierda entendieron que fuese ministro en un gobierno de coalición progresista. El actual ministro de Justicia ha estado en la órbita judicial ‘conservadora’, sobre todo desde que fuese designado a propuesta del PP, en 2013, vocal del Consejo General del Poder Judicial.

YAK-42

En 2007, Fernando Grande-Marlaska asumió la titularidad del Juzgado Central de Instrucción n.º 3 de la Audiencia Nacional. En ese momento se hace cargo del caso judicial más importante de aquel momento: el accidente del Yak-42 en Turquía, que costó la vida a 62 militares el 26 de mayo de 2003 cuando regresaban de Afganistán.

Sin embargo, a los cuatro meses de llegar al juzgado, el 1 de junio de 2007, archivó el caso, y atribuyó las responsabilidades a la tripulación ucraniana, eximiendo al Ministerio de Defensa del accidente por contratar un avión inseguro y de la identificación fraudulenta de los cadáveres.

El 22 de enero de 2008, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal revocó por unanimidad el archivo, alegando que Marlaska no había practicado diligencia alguna e indefensión de las víctimas. 

Marlaska y la libertad de expresión

El 30 de agosto de 2007, decretó la apertura de juicio oral por injurias a la Corona a varios artistas gráficos. Los dos humoristas gráficos Josetxu Rodríguez y Javier Ripa y el articulista Nicola Lococo tuvieron que declarar ante Marlaska por la publicación en los diarios ‘Deia’ y ‘Gara’ de un artículo y una fotocomposición sobre la caza de un oso por parte del Rey Don Juan Carlos.

La querella aseguraba que el artículo, titulado ‘Las tribulaciones del oso Yogi’, hacía una «crítica sobre el asunto relativo a la caza de un oso por S.M. El Rey», en la que se incluían afirmaciones atentatorias contra la dignidad del monarca «manifiestamente superfluas e innecesarias para el ejercicio de la libertad de expresión».

El artículo «imputa el carácter de alcohólico a S.M. El Rey», le denomina «soberano irresponsable» y «hace referencia a falta de capacidad de discernimiento» del monarca. El delito de injurias graves contra la Corona puede conllevar, según el Código Penal, una pena de entre seis meses y dos años de prisión.

En 2008, y también por injurias a la Corona, tres integrantes de Nós-UP fueron citados por Marlaska para responder por la quema simbólica de un muñeco de madera en la manifestación convocada en 2007 en Vigo por Causa Galiza.

Torturas

Se le atribuyen varias torturas bajo su mando. Grande-Marlaska reconoció los hechos, aunque aseguró que fueron «absolutamente excepcionales» y pidió que «no se equiparen violencias» y que «no podemos poner estas conductas en la misma tabla que la violencia asesina de ETA».​

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha condenado nueve veces al Estado español por no haber investigado denuncias de torturas desde 2004. El instructor de seis de los nueves casos afectados por esas condenas del TEDH fue Marlaska.

Actualmente no se dispone de suficientes datos como para saber el alcance de dichas torturas, ya que según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos «no investigó suficientemente bien las denuncias de torturas».

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