Si se confirma que desde el poder judicial se puede derribar a gobiernos legítimos si tienes los contactos adecuados, ¿qué certeza nos queda?

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Karim Mohamed Puente

No puedo evitar una mezcla de enfado y frustración tras conocer la noticia de que el Juez García-Castellón ha pedido, una vez más, la imputación de Pablo Iglesias por el caso Dina. Ya en la primera ocasión el fiscal anticorrupción le recordó que si Bousselham no denunciaba a Iglesias, no había proceso posible. Aun así lo elevó a la Audiencia Nacional (AN), dónde hace tres semanas, se le obligó al juez encargado del caso Villarejo a devolver la condición de perjudicado a Pablo Iglesias. El mismo García-Castellón es el juez del que hablaban, en una conversación grabada, los encarcelados Zaplana e Ignacio González para sustituir al juez Eloy Velasco, cuando investigaba casos de corrupción del PP.

En estas  semanas ha pasado algo que le permite a García-Castellón volver con su acometida, sin importarle el tirón de orejas de la AN y a pesar de los informes policiales que exculparían al vicepresidente. Ha pasado que el ya caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), campo de batalla político en las últimas semanas, ha nombrado a Ángel Hurtado nuevo juez en la sala de lo penal del Tribunal Supremo, y por tanto el que decidirá el futuro de Pablo Iglesias. El mismo juez que trató de que Mariano Rajoy no fuese a declarar durante el juicio de la Gürtel, el mismo juez que emitió un voto particular tratando de exculpar al PP a pesar de las evidencias de la contabilidad en B, los sobresueldos y el pago de la sede con dinero negro. 

Conociendo los antecedentes de este juez, conociendo los pulsos que se están manteniendo entre el PP, el Gobierno y Lesmes por la renovación del CGPJ y sabiendo que la derecha ha centrado su estrategia de oposición en el ataque a Unidas Podemos, ¿podemos tener la certeza de que recibirá un trato justo?

Y algo que me enfada aún más es que llevamos diez años descubriendo la pestilencia de las tuberías del poder y esto es un escándalo más. Comenzó en 2010 con los ataques especulativos, donde los fondos de inversión eran más soberanos que los ciudadanos y se cambió la sagrada constitución para su apaciguamiento, llegaron Gürtel, Lezo, Kitchen, Púnica y ERE, casos a destacar entre varios cientos de investigaciones más. Se rescató una estafa como fue la salida a bolsa de Bankia, y años después se liberó a los estafadores. Más tarde, como peligraban algunas cabezas, se creó una policía “patriótica”, que se encargó de inventar pruebas contra enemigos políticos, se hicieron escuchas, se robaron móviles y qué cosas no sabremos todavía. Pero en todo eso, a pesar de lo mal que olía todo, siempre parecía que había en la justicia algo de esperanza, una posibilidad de que recibiesen el castigo que merecían. Pero ahora, tengo la sensación de que eso se acabó, cuando todo era impunidad no hacía falta controlar los juzgados, ahora sí. Ya lo habían avisado varios periodistas de que se acercaba un lawfare. Como siempre, nos enteraremos de los entresijos cuando ya sea tarde.

El CGPJ sigue ejerciendo de gobierno, aun con su mandato caducado. ¿Nos imaginamos un gobierno que no convocara elecciones? Intolerable. Y siguen ejerciendo porque el Partido Popular se niega a dejar caer el último dique de contención que puede evitar su disolución. Y en ese esfuerzo por sobrevivir, que está llenando de fascistas España, nos están mandando un mensaje muy claro: que si no votamos lo que ellos quieren, y cuando digo ellos me refiero al PP, al PSOE, a grandes inversores, a grandes empresarios, a algunos jueces, usaran todo su poder para revertir lo votado. Es decir, que les votamos a ellos, o mi voto junto al de otros tres millones de españoles, no valdrá una mierda, porque ya verán cómo hacen para reencauzar el tema. Siguen siendo los que deciden qué y qué no es legítimo, siguen marcando cuáles son los límites de lo posible. Y por eso están siempre hablando de unas leyes y una legalidad que ellos mismos incumplen. Rompiendo incluso las normas básicas para que un país sea justo y funcione.

Esto es una de las últimas réplicas de un terremoto que empezó el 15 de mayo de 2011, y quizás una de las más importantes. Es necesario que el poder judicial se renueve, y que se legisle para que no vuelva a funcionar como órgano de un partido. Y es necesario que este ataque jurídico fracase para que el país no se quiebre. Estamos afrontando una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social, una crisis de régimen y una crisis política, todo al mismo tiempo. Si se confirma que desde el poder judicial se puede derribar a gobiernos legítimos si tienes los contactos adecuados, ¿qué certeza nos queda?

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