La alcaldesa socialista de Móstoles, Noelia Posse, no solo colocó a su hermana, promocionó a su tío, y fichó al polémico Luis Vázquez exgerente del Instituto Municipal del Suelo que dejó un agujero de casi 700.000 euros en la fundación; también ha contratado a una de sus mejores amigas. Los cuatro han tenido que dimitir o han sido cesados.

El último «dedazo» es el de Alicia Domínguez Villarino. Esta mujer, íntima amiga de Posse según reconoce ella misma en sus redes sociales, se había sumado al listado de fichajes de la alcaldesa de Móstoles. La alcaldesa había contratado a Domínguez Villarino como Coordinadora del Gabinete (cargo de confianza) con un salario de 52.000 euros al año.

Esta mujer trabajó como profesora en la Fundación de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos especialista en auxiliar de odontología hasta que fue despedida el 9 de junio de 2017. Hoy mismo dimitió.

52.000 euros a su hermana

La alcaldesa contrató a su hermana, Laura Posse, como coordinadora de mensajes y redes sociales del Ayuntamiento, un cargo de libre designación que no existía hasta ahora y que tendría una remuneración anual de 52.000 euros.

Posse se vio obligada a cesarla después de defender que la iba a mantener en su cargo. El malestar en el PSOE y la presión sobre la alcaldesa la ha llevado a tomar esta decisión.

La regidora argumenta que se trata de una decisión legal basada en la capacidad y la confianza.

La promoción de su tío

Noelia Posse no perdió el tiempo y dispuso el 28 de junio que su tío, Héctor Vicente Posse, fuese el nuevo director técnico administrativo de Deportes del Consistorio. Hasta ahora ejercía funciones como auxiliar administrativo asignado al área de Cultura.

Entre sus nuevas atribuciones está elaborar planes y programas deportivos estratégicos y objetivos definidos; supervisar los programas establecidos y evaluar los méritos de los deportistas y clubes locales. El tío de Posse no cumplía los requisitos para el puesto que establece la Ley de Profesiones del Deporte de la Comunidad de Madrid, en vigor desde 2016. Para hacerlo, la normativa establece que se posea una licenciatura o el grado correspondiente, algo que no ha acreditado.

Héctor Vicente Posse hubiese obtenido un complemento salarial de 1.607 euros al mes por desempeñar su nuevo cometido, cambiando de forma temporal su puesto de funcionario por otro de libre asignación y que ese plus es la cantidad que le hubiese supuesto los 52.000 euros anuales de salario que reciben el resto de cargos de confianza del Ayuntamiento. Dimitió el 13 de septiembre.

Extrañas coincidencias

La amiga de Posse coincidió con el exgerente del Instituto Municipal del Suelo (IMS) Luis Vázquez en la Fundación Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), quien recientemente también ha dimitido. 

Vázquez presentó su renuncia el 26 de septiembre después ser cuestionado por sus competencias profesionales y por su gestión al frente de la Fundación Clínica Universitaria de la URJC por las enormes pérdidas que estaba acarreando esa fundación, con un agujero de casi 700.000 euros. En este sentido, fuentes de la Universidad confirmaron que se prescindió de Vázquez debido a las pérdidas que acumulaba la entidad sin ánimo de lucro y al «desorbitado» sueldo que percibía que, sumado a los complementos salariales, alcanzaba los 300.000 euros. Además del importe mencionado, el contrato incluía una cláusula de indemnización «elevada», firmada por el anterior rector, Fernando Suárez, aunque se llegó «a un acuerdo» económico extrajudicial de menos dinero. Villarino fue despedida poco después de la salida de Vázquez

Fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER, aseguran que este pacto fue irregular a todas luces. Según estas fuentes el blindaje de un alto cargo de una Fundación contraviene los fines de interés general de la misma, a los que se refiere la ley estatal. Según la normativa, ningún beneficio puede obtener de un pacto complementario que prevé incluso indemnizar en el caso de renuncia voluntaria, sin que a esa obligación de pagar se vincule una mejora de la gestión o una administración más eficiente. El blindaje, por tanto, «carece de causa, más aun cuando en la Fundación la vinculación al interés general obliga a justificar esa nueva obligación». 

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