Tal y como cuenta Carlos Segovia, en este artículo de El Mundo, el presidente en funciones Pedro Sánchez asistió a una reunión el martes pasado a puerta cerrada en Nueva York con una veintena de dirigentes de Wall Street.

Según Segovia, Sánchez se vanaglorió de que no había cedido ministerios con poder económico a Podemos, limitó cualquier eventual reforma laboral a lo que pacten los agentes sociales -incluida CEOE- y aseguró que su política de impuestos no llegará a niveles que perjudiquen el desarrollo empresarial. Nada que ver con un gobierno socialista.

Esta tendencia de Sánchez a decir una cosa en los mítines y aplicar en el BOE lo contrario es un gran problema para la propia credibilidad del presidente en funciones y del país. Sánchez mostró en el encuentro, según asistentes consultados por el periodista, un perfil de socialdemócrata moderado y pro-business.

Entre los asistentes a la unión se encotraba nada menos que Kenneth Caplan, el jefe inmobiliario mundial del fondo buitre Blackstone, quien ya tiene cerca de 30.000 viviendas en alquiler en España a través de sus cinco sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) dedicadas a vivienda. 

Caplan preguntó a Sánchez si, al menos en su sector, tenía intención, de preservar la seguridad jurídica. Su senior advisor en España, Claudio Boada, se ha quejado de ya de «sobrerregulación discriminatoria» y puede empeorar para sus intereses según sea la orientación del nuevo Gobierno al que Podemos va a presionar para endurecer el control de los alquileres.

Fuentes gubernamentales confirmaron al periodista de El Mundo que Sánchez garantizó «seguridad jurídica» como base su política económica. Según un informe de la PAH, Blackstone está «amasando el suficiente poder sobre el mercado como para permitirse el lujo de influir en las políticas de vivienda con amenazas al propio Gobierno». Dadas este tipo de reuniones, no es descartable.

Sánchez también se desmarcó, según el artículo, de las medidas del Gobierno del PP con las empresas de energías renovables que habían denunciado a España a la corte de arbitraje internacional y aseguró que él no actuará con retroactividad e intentará llegar a acuerdos. Lo indicó delante de Mathew Kabaker y Alberto Sánchez del fondo Centerbridge, con fuertes intereses en el sector energético español. Sánchez remarcó en la reunión la oportunidad que ofrece el 10-N para «la estabilidad» y que en su política económica las reformas serán «fruto del diálogo social» y de lucha contra el déficit compatibles con combatir la desigualdad.

Sánchez subrayó que el Estado debe mejorar sus ingresos para una política social más inclusiva, pero afirmó que su política fiscal será «business-friendly» cuidando de no espantar la inversión. «El ambiente fue tranquilo, porque no se han materializado los riesgos que parecía haber cuando asumió la presidencia. Ha estado muy moderado», resume un asistente contactado por Carlos Segovia.

Sánchez señaló lo inaceptable que era ceder a Podemos ministerios como el de Hacienda y Trabajo. Sobre la derogación de la reforma laboral, Sánchez se limitó a decir en la reunión que no pretendía quitar flexibilidad, sino promover un nuevo y moderno estatuto de los trabajadores que pacten tanto patronal como sindicatos a los que ve disposición.

Tomó muchas notas Alex Soros, hijo del magnate George Soros, a quien algunos de sus críticos culpan por «ser parte de una élite global cuyas decisiones económicas han eliminado la clase trabajadora, robado la riqueza del país y colocado esa riqueza en las manos de un puñado de corporaciones y entes políticos» y de interferir en los procesos democráticos de los países europeos y de fraude fiscal al salir su nombre en los Panama Papers. En España, la inmobiliaria de la que es el mayor accionista fue la gran beneficiada, junto con Goldman Sachs, de la venta de 2935 pisos del IVIMA, operación investigada desde marzo de 2014 por el Juzgado 48 de Madrid.

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