Está acusado de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones leves a un agente de los Mossos d’Esquadra.

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En febrero de 2019 los Mossos d’Esquadra detenían en su casa de Badalona a un militante de Guanyem Badalona que participó en la manifestación del 29 de septiembre de 2018 contra el sindicato policial Jusapol.

La Fiscalía pide ahora para el activista seis años y medio de prisión, 600 euros de multa y 1.560 euros de indemnización por los delitos de desorden público, atentado contra la autoridad y lesiones leves a un agente de los Mossos d’Esquadra, mientras la acusación particular, representada por la Generalitat, solicita una pena de cuatro años de prisión y 1.549 euros de indemnización.

Según el grupo de apoyo Marcel Absolució, el joven era uno más de los miles de manifestantes que recibió las cargas de los Mossos d’Esquadra y relacionan su detención con la huelga general del 21-F en respuesta al juicio del ‘procés’.

«Los Mossos d’Esquadra, una vez más, optaron por una detención innecesaria con la única voluntad de enviar un mensaje de escarmiento y aviso a las puertas de una huelga general», señaló el grupo de apoyo.

Según lo analizan «se trata de un juicio político, en el marco de la macrocausa contra el independentismo, y un nuevo intento de desmovilizar y destruir las vidas de jóvenes militantes de izquierdas e independentistas». y por ello exigen la absolución, «la reparación personal» y que los cuerpos policiales asuman responsabilidades sobre las cargas de aquel día.

Además, Marcel Absolució pide la retirada de la acusación judicial de la Generalitat de Catalunya y se solidariza «con todas aquellas personas que sufren represión y que además ven como el gobierno catalán continúa persiguiendo a manifestantes antifascistas de la mano de la fiscalía española».

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