¿Por qué es inasumible para la gente joven independizarse? ¿Cuánto se ha disparado el precio del alquiler? ¿Quién se reparte la tarta del mercado de la vivienda? ¿Se siguen ejecutando desahucios? 

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Por Sergio Domínguez

En otro artículo escribí sobre el tratamiento informativo que los medios de comunicación dan al fenómeno de la okupación. Una cobertura mediática desproporcionada que esconde sus raíces en intereses políticos y económicos y anula la posibilidad de debatir con profundidad sobre el problema real de la vivienda. Por este motivo, ahora pongo el foco en el tema que más se esquiva en las tertulias televisivas y en los parlamentos, cuando debería abrir los telediarios y ocupar las portadas de todos los periódicos de nuestro país. Es hora de hablar de lo importante.

El magistrado Joaquim Bosch asegura que hay que aplicar la ley para proteger la propiedad privada pero también hay que garantizar el derecho a la vivienda. Un derecho que está recogido en nuestra constitución. Sin embargo, son muchos los obstáculos y pocas las acciones políticas para hacer efectiva tal garantía, causando una situación insólita en España: sólo uno de cada cinco jóvenes consigue emanciparse, y quien lo hace en solitario debe destinar de media el 94% de su sueldo a pagar el alquiler. Es la cifra más alta desde 2006, según el Consejo de la Juventud. Un drama que tiene lugar fundamentalmente en las capitales de provincia y que está relacionado con el precio abusivo del alquiler, que ha crecido más de un 50% desde 2015. Además, España es uno de los países de Europa con un parque de vivienda pública y social más débil debido, entre otras cosas, a su venta sistemática a distintos fondos buitres. Es el caso de Blackstone, que se ha convertido en el mayor casero de nuestro país, controlando más de 30.000 viviendas en alquiler. Sus crecientes cuotas de arrendamiento llevan a muchas familias a abandonar sus barrios o directamente a ser desahuciadas, al no poder afrontar los nuevos costes. Estos desahucios, que ya se conocen como “los más silenciosos”, suponen más del 65% de los desahucios ejecutados en un año, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Este cóctel de precios excesivos, especulación y falta de oportunidades se traduce en un aumento significativo de personas que se ven obligadas a vivir con sus padres y, sobre todo, de personas que no tienen un hogar donde vivir, siendo ya más de 40.000 en España. Un dato que contrasta con las más de 3 millones de viviendas vacías que tenemos en el país, que supone un tercio de la viviendas vacías en Europa. Y ante esta realidad desoladora de la que nadie habla, ¿Qué hacer?

Por un lado, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) lleva desde 2009 trabajando para que se eliminen las cláusulas abusivas, se garantice el alquiler asequible, se ponga fin a los desahucios, se fomenten las viviendas sociales y se aseguren los suministros básicos. Estas medidas, que son conocidas como “las 5 de la PAH”, deberían ser la referencia de todas las instituciones públicas a la hora de proteger a las familias más vulnerables y de evitar la creación de oligopolios en el mercado de la vivienda. Las cinco llegaron al Congreso de los Diputados en 2018, como una proposición de ley cuya tramitación cayó en saco roto con los cambios de gobierno. Por otro lado, el Sindicato de Inquilinos, tras años de presión en las calles y negociaciones con la Generalitat, ha conseguido que el Parlament de Catalunya apruebe una ley para regular el precio de los alquileres. A pesar de tratarse de una ley «de mínimos», supone un precedente importantisimo para el resto de regiones y un paso histórico para revertir la situación.

Tanto la PAH como el Sindicato de Inquilinos son dos formas de señalar un mismo camino que pasa por sumar fuerzas para contrarrestar la falta de garantías en el derecho a la vivienda. Ambas ponen de relieve la necesidad de emplear acciones colectivas que insten a los poderes públicos a buscar soluciones legislativas constitucionales. Además, impulsan una cooperación social que ayuda a dejar de criminalizar la pobreza y a estar prevenidos ante la desinformación. 

Es una emergencia, y al mismo tiempo una obligación, presionar desde la sociedad civil a los distintos gobiernos para que acceder a una vivienda, independizarse y formar una familia no se trate del privilegio de unos pocos. En los medios de comunicación seguirán hablando de okupación en lugar de casas vacías, invitando al miedo y la confrontación. Sin embargo, la realidad es otra y son muchas las herramientas (sindicatos, asambleas, coordinadoras, etc.) que permiten promover la esperanza y la justicia social. Todas ellas tienen algo en común: nacen de un nosotros, nacen de lo colectivo. Juntémonos para vivir más dignos, para vivir más seguros y, sobre todo, para vivir mejor.

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