La situación del campo español es cada vez más complicada, pero el salario mínimo es el menor de sus problemas

Por Guido Ohlenschlaeger
Los agricultores salen a la calle vestidos con chalecos amarillos y los medios dicen que lo hacen para quejarse por la subida del salario mínimo a 950 euros. Nada más lejos de la realidad. El salario mínimo es el último problema de los agricultores. Pero, ¿Qué está pasando en el campo?

El abandono

La España rural se vacía. En las últimas décadas los hijos han ido abandonado las zonas rurales por la falta de expectativas y oportunidades. El campo envejece. Las últimas generaciones sobreviven, pero muchos pueblos están quedando despoblados. Donde antes había cientos de pequeños agricultores, en muchas ocasiones ahora hay una sola gran empresa que explota la tierra con apenas un par de tractores. Ya John Steinbeck, en Las uvas de la ira escribía sobre lo que suponía este trasvase para el campo: «El hombre que dirige una máquina, que conduce un tractor muerto sobre una tierra que no conoce ni ama, desprecia la tierra y se desprecia a sí mismo». 

Este pueda ser tal vez el problema de fondo, pero más allá de trasuntos metafísicos y filosóficos la realidad es que el campo se queda sin gente y que la situación es cada vez más complicada. Las continuas sequías, cada vez más profundas y duraderas, y la firma de tratados internacionales que facilitan el intercambio de productos y mercancías entre países, dan como resultado una montaña cada vez más grande de obstáculos para los pequeños y medianos agricultores, que son, al fin y al cabo, los que sostiene la producción y que mantienen el equilibrio ambiental del ecosistema. Ellos necesitan el campo en buen estado, y, por tanto, lo cuidan. 

Del otro lado, la despoblación de estas zonas es una gran oportunidad para empresarios del turismo y para grandes empresas de explotación ganadera y agrícola, que aprovechan este vaciamiento para explotar sin control y sin “amor” la tierra, con una consecuencia directa para el medio: la erosión del campo, el agravamiento del cambio climático y la imposibilidad para pequeños y medianos agricultores de competir con estos monstruos que se pueden permitir tirar los precios y competir con otras grandes empresas extranjeras, cuya mano de obra trabaja en muchas ocasiones en condiciones de esclavitud.

La pregunta es, ¿cómo compite un pequeño o mediano agricultor con una gran empresa exportadora de productos agrícola? La respuesta está clara: bajando los precios hasta poder competir con esos productos provenientes muchos de ellos de Sudáfrica, el Magreb o China. Así tenemos que en los últimos años las importaciones de frutas y verduras han subido en un 8%. Esto ha tirado los precios por los suelos y arruinando el negocio.

Por ejemplo, ahora mismo un agricultor cobra por un kg de naranjas 0,23 euros de media. Sin embargo, en el supermercado se vende a 1,55 euros. Lo mismo ocurre con otros productos como la patata o el brócoli cuyo precio de origen es de 0,41 euros el kg, y se vende luego en supermercados a 2,90 euros. Un incremento de 607% en el precio de inicio. ¿Quién se lleva el dinero? 

Por supuesto, las grandes distribuidoras e intermediarios. Empresas sin ningún contacto con las necesidades del campo y con los que viven de él. 

Si a esto añadimos que la mayor parte de las ayudas de la Unión Europea, principalmente la PAC (el año pasado 4.953 millones de euros a 700.000 agricultores) se quedan en manos de grandes terratenientes que la mayoría de las veces tienen tierras a las que no sacan rentabilidad, la situación se agrava considerablemente. No es de extrañar que una de las reivindicaciones del sector del campo sea la de que esas tierras y esas ayudas puedan llegar a manos de quiénes las trabajan. 

Además, hasta hace no mucho una de las salidas para los agricultores españoles habían sido las exportaciones a países de nuestro entorno o incluso a los EE.UU al que exportábamos, entre otros productos, aceite, hasta que Donald Trump decidió imponer aranceles a los productos españoles. Esto ha causado millonarias perdidas principalmente en el sector del aceite.

La situación del campo español, como podemos ver, es cada vez más complicada. El salario mínimo es el menor de sus problemas, aunque los medios insistan en ello para intentar dañar la imagen del Gobierno de coalición. Los problemas vienen de lejos y son estructurales, aunque podríamos definir tres pilares en el origen: por un lado, el abandono al que ha sido abocado el campo, por otro lado, el modelo deficiente de entrega de ayudas europeas y por último el “libre mercado” y los tratados internacionales que obligan a los pequeños y medianos agricultores a tener que competir tirando los precios, con gigantes extranjeros y nacionales de la producción agrícola. 

La solución es compleja, pero seguramente pase como reclaman la mayoría de los sindicatos y pequeños propietarios, por establecer un precio mínimo para los productos, y sobre todo por proteger y cuidar nuestro campo. Si un agricultor no puede cobrar un salario mínimo de 950 euros, el campo tiene un problema mucho más grave del que imaginamos. 

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1 Comentario

  1. Da igual el Gobierno que sea, hay que tratar de arreglar el problema del campo. Y sancionar a los grandes que por sus latifundios se qyedan con la mayor parte de las ayudas europeas.

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