En 2018 archivó un caso abierto por comentarios incitadores al odio y amenazas de muerte contra Manuela Carmena.

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Las diligencias contra Podemos a raíz de la denuncia de José Manuel Calvente, un abogado despedido por el partido tras denunciarse un caso de acoso sexual, han arrancado con fuerza. Este martes, el juez del Juzgado número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido por posibles delitos de malversación y administración desleal.

El juez es un viejo conocido de la izquierda, ya que en 2018 archivó un caso abierto por comentarios incitadores al odio y amenazas de muerte contra Manuela Carmena en un chat de la Policía Municipal. Escalonilla concluyó que “la inexistencia de indicios racionales de que los hechos objeto de denuncia sean constitutivos de un delito tipificado en el artículo 510.1 del Código Penal, ni de delitos de amenazas”.

Es el mismo juez que ha admitido a Vox como acusación popular en la causa de malversación de Podemos sin dictaminar al partido de Abascal la fianza habitual que se hace en estos casos para limitar el número de miembros en la acusación. 

El juez ha imputado a Podemos como persona jurídica, a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos; a Daniel de Frutos, tesorero, y a la gerente de la formación, Rocío Val.

Un íntimo amigo de Cosidó a cargo de la investigación

Asimismo, Escalonilla “ha recurrido a un íntimo amigo de uno de los jefes de la Policía política del PP para encontrar pruebas contra la formación morada”, según contaron medios policiales a La Última Hora. En concreto, Escalonilla ha rechazado dejar la investigación en manos de la UDEF o de otra unidad similar, y ha recurrido a la Policía adscrita a los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla, algo muy infrecuente.

Al frente de esta última unidad, está el inspector jefe Pedro Agudo, íntimo amigo de Ignacio Cosidó, director general de la Policía entre 2012 y 2016. Durante esos años, tal como acreditó una comisión de investigación del Congreso de los Diputados, Cosidó dio instrucciones para crear una estructura policial con dos funciones muy claras: obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al Partido Popular y perseguir a los adversarios políticos, especialmente a Podemos, con falsos documentos policiales como el ‘informe PISA’, tal y como señalan desde LUH.

Ahora, todas las diligencias ordenadas por el juez para intentar montar un caso contra la formación morada pasarán por Agudo.

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