En una entrevista para El País, Rafael Isea, exministro venezolano al que la llamada policía patriótica del PP recurrió para armar su causa contra Podemos, se siente “utilizado para una trama política”.

En abril de 2016, tres agentes de la Policía Nacional viajaron a Nueva York para reunirse con Isea, que participó en el alzamiento militar del 4 de febrero de 1992 y fue ministro de Finanzas de Hugo Chávez en 2008, con la intención de que avalara la autenticidad de una copia de un documento que recogía un pago del Gobierno venezolano a la fundación CEPS, precursora del partido español. Quedaban dos meses para las elecciones en España y los sondeos situaban a Podemos cerca de convertirse en la segunda fuerza del país.

Los policías le aseguraron que acudían en representación del Gobierno español. Para convencerle de que declarara, se comprometieron a sacar de Venezuela a sus familiares y ofrecerles una “nueva vida”. Le dijeron que su testimonio no se haría público.

Isea accedió a declarar y todos los compromisos se evaporaron. Al mes siguiente su declaración, con nombre y apellido, fue publicada en el diario Abc. No volvió a saber nada de los policías y nadie se movió para sacar de Venezuela a su familia. 

“Me manipularon con algo muy delicado, pusieron en riesgo a mi familia”. “Estuve varios meses sometido a una presión muy dura. Aguardando la reacción del Gobierno venezolano. Estuve meses esperando el golpe. Es una de las razones por las que he evitado hacer declaraciones hasta ahora. Estamos hablando de vidas. Hablamos de una señora de 80 años a la que ni siquiera puedo ver. Confié en un Gobierno que me dijo que podía sacar a mi madre de allí”.

Acudieron a la reunión tres agentes de policía: el inspector José Ángel Fuentes Gago, imputado hoy en el caso Villarejo; el comisario José Manuel García Catalán, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y una mujer de la que Isea no recuerda el nombre pero identifica como agente también de la UDEF. “Me dijeron que gracias por venir y que les interesaba mucho mi declaración”, recuerda. “Yo les expliqué que con gusto iba a conversar, pero que no iba a firmar ningún documento. Entonces me dicen que menuda decepción, que ellos habían hecho ese viaje porque les dijeron que iba a declarar, que eran temas muy importantes para el Estado español. En ese momento sale los dos hombres y se queda la agente. Al rato regresan, tres o cuatro minutos. Y es entonces cuando Fuentes Gago empieza a decir que me va a hablar en nombre del Gobierno español, que me ofrecen todo el apoyo y las garantías del Gobierno para sacar a mi familia, darle la residencia y después la nacionalidad española. Yo le pregunté que cómo me podían ofrecer eso si mi familia estaba en Venezuela, y me explicó que tenían formas de hacerlo”.

“Siguiendo con la construcción de ese marco de confianza, me dijeron que esto estaba autorizado por el más alto nivel de la Fiscalía de España. Que iba a ser llevado a un juez, que el único que iba a tener acceso a esta declaración era el juez, y que yo iba a ser identificado como ‘testigo uno’ y mi nombre no iba a trascender. Ese fue el otro elemento que me dio confianza para acceder a declarar”.

“Fuentes Gago me dijo que el tema no era ese punto de cuenta, que los de Podemos no habían rechazado que la fundación hubiera recibido financiación del Gobierno venezolano”.

Se fue del Consulado y por la noche, asegura, le volvieron a contactar y le dijeron que necesitaban que regresara a la mañana siguiente, temprano, porque se habían olvidado de meter en la declaración los nombres de las tres personas de Podemos que querían que constaran: Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Vestrynge. “Volví y firmé de nuevo”, recuerda Isea. Declaró, como consta en el acta, que esas tres personas “han estado en Venezuela frecuentemente” y que el presidente Chávez “habría aprobado el pago de varios millones de euros a estas personas por servicios prestados entre los años de 2008 a 2011”.


Un documento manipulado

Los policías pidieron a Isea que verificara la autenticidad de un documento: un punto de cuenta (solicitud de aprobación de pago), firmado por él mismo y por Hugo Chávez, en el que se autorizaba una serie de pagos a la fundación CEPS por un valor total de 4.480.700 euros (que se suman a otra cantidad ya satisfecha de 2.687.390 euros por servicios prestados entre 2003 y 2007). Nunca le enseñaron el original: manejaron en todo momento una copia. El exministro expresó sus reservas sobre el documento, del que le llamaron la atención varias cosas.

“Yo no suelo redactar así. Existe un formato. No decía ‘solicitar recursos’ sino ‘solicitud de recursos’, no usaba el infinitivo. Tampoco el nombre me cuadra. Yo acostumbraba a colocar mi nombre y el cargo completo, ‘ministro del Poder Popular para las Finanzas’, no solo ‘ministro’. Y nunca se ponía en un documento ‘Hugo Chávez Frías’, no se usaba el segundo apellido”.

Isea no descarta que el documento haya sido fabricado. “Es una posibilidad, sin duda”, apunta. “Puedes tomar otro documento, de los muchos que han salido públicamente, alterar el texto y pegar las firmas. Pero eso indicaría intencionalidad de montar una operación de engaño para crear un expediente. Yo, mientras no vea el original de un documento, no puedo garantizar que sea verdadero”.

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