El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley “Families First Coronavirus Response Act”, que solo cubre los costos de las pruebas pero no del tratamiento

Danni Askini es una trabajadora de salud pública de Estados Unidos que dio positivo a la prueba de coronavirus (COVID-19). Al principio, cuando presentó los síntomas, creyó que era alguna reacción a su tratamiento de cáncer, de modo que consultó con su doctor. Él le dijo que esperara.

Los días posteriores, Danni empezó a tener cambios de temperatura muy bruscos, pues le subía y bajaba peligrosamente y desarrolló una tos por todo el líquido que albergaba sus pulmones. Visitó la sala de emergencias dos veces más ya que sus síntomas persistieron y empeoraron antes de que le practicaran la prueba del coronavirus (COVID-19), que finalmente dio positivo.

Mientras permanecía en su casa en su casa recuperándose tras la mala noticia, recibió la factura por el tratamiento y la prueba a la que fue sometida: 34 927.43 dólares. 

Askini, al igual que otros 27 millones de residentes en Estados Unidos, no tenía seguro cuando ingresó por primera vez a la sala de emergencia del hospital. Ella había planeado mudarse a Washington DC este mes para iniciar un nuevo trabajo, por lo que tendría un seguro médico, pero todo tuvo que detenerse debido a la expansión del coronavirus.

Expertos en salud pública predicen que es muy probable que miles, y posiblemente millones, de personas en los Estados Unidos deberán ser hospitalizados a causa del covid-19 en un futuro inmediato. Es por eso que el Congreso aprobó la Ley “Families First Coronavirus Response Act”, que solo cubre los costos de las pruebas pero no del tratamiento, que si conlleva hospitalización puede costar hasta 30 000 dólares.

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