210 adultos y 40 menores podrían quedarse en la calle el próximo martes 24 de noviembre en un desahucio ilegal promovido por el Ejecutivo de Almeida en plena crisis sanitaria

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El próximo martes 24 de noviembre se notificará el desahucio de 210 adultos y 40 menores que viven en el antiguo Palacio de la Infanta Carlota, situado en la Calle Luna número 32, en el madrileño barrio de Malasaña. Todo esto en plena crisis sanitaria por Covid19.

El Ayuntamiento de Madrid pretende echar a estas familias a la calle sin autorización judicial, con los recursos de los vecinos sin resolver y vulnerando la legislación española, la internacional y los derechos humanos que protegen la inviolabilidad del domicilio y el derecho a una vivienda.

Se trata de un edificio expropiado por el Ayuntamiento de Madrid en el año 2011 a un especulador iraní. En aquel momento, el Ayuntamiento informó a los vecinos que entonces vivían en el inmueble y pagaban su alquiler a dicho especulador que debían dejar de hacerlo. En 2019 el Ayuntamiento comunicó a los habitantes de este lugar el desalojo del mismo.

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Los vecinos han denunciado que el Ayuntamiento pretenda realizar el desahucio “sin haber promovido soluciones habitacionales para las familias vulnerables que allí viven, muchas de las cuales son víctimas de la economía irregular y del desempleo provocado por la pandemia”.

Explican que los servicios sociales han ofrecido verbalmente habitaciones o pisos compartidos hasta un máximo tres meses, pero ninguna propuesta ha sido formal o por escrito, a pesar de que las familias así lo han pedido.

Las asociaciones ACIBU y SOS Malasaña han denunciado esta situación, añadiendo el hecho de que se pretenda desalojar a estas familias en el momento de pandemia que se está viviendo en el país.

Jordi Gordon, de SOS Malasaña, denuncia que este caso deriva de la especulación inmobiliaria que convirtió el antiguo Palacio de la Infanta Carlota en 35 apartamentos por parte de la empresa iraní Cintia. Una reforma que se llevó a cabo en la era Gallardón, y que resultó en un atentado al patrimonio histórico artístico, según denuncian en el comunicado remitido por las y los vecinos afectados.

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