Cuba necesita cambios, y rápido. El financiamiento de la oposición interna desde los EEUU dentro de un panorama de asimetría creciente, lejos de promover la apertura y el pluralismo, los paraliza.

María Isabel Alfonso
José Daniel Ferrer, líder de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), permanece prisionero desde el 1ro de octubre de 2019 en Santiago de Cuba. El Secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo ha denunciado su encarcelamiento desde su cuenta de Twitter y en múltiples documentos emitidos por el Departamento de Estado. El Parlamento Europeo por su parte aprobó el 28 de noviembre pasado una resolución que solicita su liberación inmediata. Numerosos grupos de derechos humanos han pedido también su excarcelación, apuntando a arbitrariedades en el proceso de detención, tales como la incomunicación forzosa con su familia por más de 72 horas y la falta de un debido proceso en que se presuma su inocencia.

El gobierno cubano a su vez ha declarado que Ferrer es “agente asalariado al servicio de los Estados Unidos.”

Pero según datos ofrecidos por los medios oficiales cubanos y por sus propios compañeros de la UNPACU, Ferrer no ha sido apresado esta vez por su accionar político, sino por secuestro y acciones lesivas hacia un miembro de la organización que dirige.

Obama, Trump y los derechos humanos en Cuba

Cuando el Presidente Barack Obama anunció el 17 de diciembre del 2014 el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, muchos estimaron que los hechos marcaban el cierre de una era.

La administración Trump, sin embargo, ha dado un giro en reverso a estos avances, motivado probablemente por las mismas razones que provocaron el escándalo de Ucrania: supeditar los intereses nacionales y regionales a las elecciones del 2020.

Cuba ha sido una pieza más dentro de su macabro diseño de mandato. El caso Ferrer, un buen pretexto para activar la base cubano-americana de la Florida, quien se ha creído el teatro macartista de la administración.

El patrón de intervención de los Estados Unidos en los asuntos domésticos de Cuba ha atravesado numerosas etapas. Si bien fue la CIA la que en las primeras décadas se ocupó de intentar subvertir el régimen cubano con ataques tanto frontales como encubiertos, es el Departamento de Estado quien lo hace ahora a través del empoderamiento de la oposición, con estrategias de financiamiento.

Estas adquirieron perfil y relevancia sobre todo a partir de la Commission for Assistance to a Free Cuba (CAFC), creada por la administración Bush (W.) en el 2003, cuyo reporte con idéntico nombre recomendó un presupuesto de $20 millones anuales “hasta que la dictadura [dejara] de existir”, presupuesto conformado por el dinero de los contribuyentes (taxpayers). Hasta la fecha, se calcula que se han invertido alrededor de $200 millones en programas de cambio de régimen.

Pero el gobierno de Estados Unidos ha sido miope a la hora de entender muchos de los procesos de la sociedad civil cubana, la cual, como intento demostrar en el documental Rethinking Cuban Civil Society, es mucho más que la oposición, puesto que está conformada por un complejo entramado de individualidades e institucionalidades que, con grados varios de autonomía y pujanza, tratan de (y logran, muchas veces) provocar cambios con mucha más eficacia y legitimidad que la oposición financiada.

Algunos de estos quedaron incorporados en el cronograma legislativo aprobado a fines de 2019. El nuevo paquete de leyes incluye derechos y garantías constitucionales tales como una nueva y muy necesitada Ley de Asociaciones, un nuevo Código Penal, un nuevo Código de Familia, una Ley de Protección Animal y una Ley de Medio Ambiente, y una Ley de Empresas, entre otras.

Pendientes quedan una ley de aborto, la ley de matrimonio gay, y sendas leyes en contra del racismo y en contra la violencia de género.

Retos para Cuba

Queda por ver el alcance y eficacia de estas leyes. Pero más allá de ello, Cuba necesita de un cambio en el espíritu detrás de las mismas. Las leyes proveen garantías a derechos; no enseñan cómo actualizar comportamientos democráticos y plurales. El Estado debería aceptar y promover toda iniciativa sensible que, teniendo como presupuesto el compromiso con la soberanía nacional y el fin del bloqueo, busque promover la entrada de Cuba en un imaginario del siglo XXI afín a los estándares democráticos internacionales. Una plataforma de pensamiento crítico como la de Cuba Posible, constituida por cubanos “que [diferían] del punto de vista oficial, pero que [ponían] a Cuba y el interés público por encima de cualquier otra consideración” dejó de existir como resultado de los múltiples mecanismos de presión y estigmatización a que sus autores fueron expuestos, aun cuando se declaraban comprometidos a hacer propuestas diferentes, “no desde la perspectiva de la confrontación, sino de la conciliación.”

Pareciera que estuviéramos regresando al “quinquenio gris”, cuando intelectuales y artistas incluso comprometidos con el proceso revolucionario –como los de Ediciones El Puente—, serían estigmatizados por su supuesta falta de lealtad a la Revolución. Tal es el caso de la expulsión hace tres años de la Universidad de Oriente del Doctor René Fidel González García, quien recibió una sanción que le impide trabajar en cualquier otro centro de enseñanza superior en la Isla, tan solo por publicar en sitios de izquierda “no oficiales.”

Un caso de mayor alcance publicitario es quizás es la desaparición del personaje Facundo Correcto –el típico apparatchik— de Vivir del cuento. Aunque el director de Cubavisión ha expresado que Andy Vázquez, actor que interpreta a Facundo, no ha sido sancionado, lo cierto es que Vázquez no forma parte del elenco ya, como consecuencia de su sátira sobre el caos en el mercado de Cuatro Caminos.

Censuras como estas, así como las presiones cotidianas a periodistas independientes, quienes incluso declarándose contrarios a las estrategias de financiamiento de Washington, se les impide a ratos hasta salir de sus casas, son comportamientos que ya no deberían tener cabida en la Cuba actual.

El caso Ferrer

Pero si bien criminalizar a todo el que disiente y critica es signo de poca madurez política, santificar a Ferrer solo porque disiente, también lo es.

El 27 de noviembre, el Noticiero Estelar de la Televisión Cubana proyectó un material filmado con cámara oculta, que muestra a Ferrer dándose golpes violentos en su cabeza contra una mesa. Segundos después, al entrar otra persona al recinto, el opositor dice que lo han golpeado. Aparece también Ferrer con su familia, y recibiendo atención médica. En todas las secuencias, aparece sin camisa, puesto que se niega a ponerse el uniforme de prisionero. El reportaje incluye un Facebook live de un ex integrante de la UNPACU, quien asevera que Ferrer lo secuestró y golpeó por desacuerdos acerca la organización. Las manipulaciones del material son evidentes; pero los hechos, son incuestionables.

Un video de otra ex miembro de la UNPACU, Meleidys Gómez, publicado en diciembre en Youtube, hace explícito que Ferrer y su hermano Luis Enrique Ferrer usan a su conveniencia los fondos que la UNPACU recibe de los Estados Unidos: “Está bueno ya de estar engañando a grandes funcionarios de esta nación” [Gómez reside ahora en Miami]. “Yo no sé cómo esos funcionarios se dejan manipular y utilizarse de ti (sic)… Son unos mentirosos.” Continúa explicando que “del exilio salió una ayuda” para que ella reconstruyera su vivienda (supuestamente allanada por la Seguridad del Estado). ¿Cuánto ustedes me entregaron, Luis Enrique? ¡Yo lo perdí todo (…)! ¿Cuándo tú o tu hermano dijeron vamos a ayudar a Meleidys? Esto es para que el exilio me contacte. Yo estoy dispuesta dar declaraciones a donde sea, a las Naciones Unidas, a donde sea…”

Otros miembros de la Unión Patriótica han declarado en las redes sociales que son testigos tanto de la personalidad violenta de Ferrer como de su malversación de los fondos provenientes de los EEUU. Ferrer mismo reconoció haber golpeado a otro ex-colega de la Unión Patriótica en 2017, tal como se muestra en un video publicado el pasado mes de diciembre por otro miembro de la organización. Según el blog Cuba Money, solo en el 2016, la UNPACU recibió $99,431 del Departamento de Estado para “el avance de la democracia y los derechos humanos.”

No hay duda de que tanto la falta de un debido proceso como el posible carácter improcedente de filmar a un reo y de hacer pública la filmación, son procederes no afines a los estándares internacionales. Falla también el periodismo en sus funciones al ser medio de propaganda en lugar de un relator objetivo.

Sin embargo, el financiamiento a programas de cambio de régimen es también una flagrante violación de estándares; los Tweets de Pompeo, su más chapucera certificación.

Cuba necesita cambios, y rápido. El financiamiento de la oposición interna desde los EEUU dentro de un panorama de asimetría creciente, lejos de promover la apertura y el pluralismo, los paraliza.

The Conversation

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